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Los intereses empresariales se adueñan de la política de cooperación para el desarrollo

COORDINADORA ONGD ESPAÑA Y PLATAFORMA 201 Y MÁS:
NOTA DE PRENSA (10 de febrero de 2014)

La Coordinadora de ONGD y la Plataforma 2015 y más dan la voz de alerta: de confirmarse la reforma del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), se asestará el enésimo golpe a la política de cooperación. Esta reforma dejará el FONPRODE en manos del Ministerio de Economía y primará los intereses de la internacionalización de las empresas sobre los objetivos de desarrollo y lucha contra la pobreza y la desigualdad.

La reforma propuesta por el gobierno facilita que este instrumento, inicialmente concebido para promover el desarrollo y la lucha contra la pobreza, gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, se convierta en un fondo de inversión al servicio de los intereses financieros y de internacionalización de las empresas españolas, gestionado ahora por el Ministerio de Economía y Competitividad.
Falta de participación y opacidad en la reforma. La reforma del FONPRODE, ya en trámite legislativo, ha sido realizada deliberadamente por la puerta de atrás evitando su discusión en los espacios consultivos establecidos para tal fin.
El FONPRODE sufre una reforma tres años después de su creación y sin que haya sido capaz de ejecutar su presupuesto. Durante este tiempo no se han entregado los informes necesarios para determinar qué es lo que ha impedido el adecuado funcionamiento del instrumento y que justificarían una reforma legislativa.

Madrid, 10 de febrero de 2014. La reforma del FONPRODE otorga a la Compañía Española de Financiación para el Desarrollo (COFIDES) el protagonismo en la gestión de estos fondos por un período mínimo de 8 años. De esta manera, COFIDES -una sociedad adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, cuyo fin es la internalización de las empresas españolas y cuyo capital mixto está formado por accionistas como el ICEX, el ICO, el BBVA, el Banco Santander o el Banco Sabadell-, identificará las acciones con cargo al FONPRODE, lo gestionará e incluso, actuando como juez y parte, podrá asignarse el papel de experto independiente para los casos en los que la ley exige realizar un informe previo sobre la sostenibilidad de la deuda de los países que reciben los fondos.
En 2010, el FONPRODE sustituyó a los antiguos créditos FAD[1]. Entonces, la reforma se realizó de forma participada con los distintos actores implicados en la política pública. Tres años después, vuelve a reformarse y esta vez la participación brilla por su ausencia. Se ha evitado su discusión en la Comisión de Cooperación del Congreso y en el Consejo de Cooperación que no han tenido noticia de esta reforma hasta que ha sido trasladado al Senado. Tampoco han sido informados el resto de agentes de la sociedad civil. Ni siquiera el equipo técnico de la Secretaría General de Cooperación Internacional al Desarrollo de la AECID conocía el proceso; de hecho, han tenido constancia de esta reforma cuando ya se encuentra en el Senado.
El recorrido del FONPRODE en estos tres años se caracteriza por una enorme opacidad que choca de frente con las obligaciones legales en materia de transparencia. Apenas hay información sistematizada y publicada sobre las operaciones que ha realizado. En los tres ejercicios presupuestarios el Fondo no ha conseguido ejecutar su presupuesto asignado y no se ha informado, por los cauces establecidos para tal fin, de cuáles han sido las razones que han impedido esta ejecución.

ALGUNAS DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS EN LA REFORMA
La reforma presenta una serie de modificaciones analizadas por la Plataforma 2015 y más y la Coordinadora de ONGD que pueden ser consultadas en el informe en adjunto. Algunas de ellas son especialmente preocupantes:
– Se suprime el porcentaje máximo de Ayuda Oficial al Desarrollo reembolsable –ayuda en forma de créditos en mejores condiciones que las del mercado. Anteriormente ese porcentaje se situaba en un máximo del 5%; una cifra que, como hemos denunciado de manera reiterada, se ha incumplido sistemáticamente. Esto es extremadamente preocupante puesto que la ayuda reembolsable incrementa la deuda de los países y no contribuye de manera eficaz a su desarrollo.
– Se suprime la obligación de publicidad y accesibilidad de los resultados de las consultorías y asistencias técnicas de los programas. Esto permite que el Comité Ejecutivo del Fondo autorice la no publicidad de esos resultados. En este caso, la opacidad pone en grave peligro la transparencia exigible a la gestión de los fondos públicos.
– El modelo de cooperación financiera que se concibe con esta reforma tiende a desvincularse de la política de cooperación al desarrollo. Una cuestión sobre la que ha llamado la atención el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, al considerar que esa desvinculación resta eficacia agregada y funcionalidad a su política de desarrollo.
Las modificaciones propuestas en esta reforma ponen en gravísimo peligro a la política de Cooperación al Desarrollo y debilitan profundamente la coherencia de políticas con los principios y criterios de desarrollo, y además el gobierno vuelve a evitar que el proceso sea informado, transparente y participado.

[1] En 2010, el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) sustituyó, tras años de presiones a los sucesivos gobiernos, al controvertido Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Este fondo, del que se obtenían los conocidos como créditos FAD, tenía dos objetivos difícilmente reconciliables: el apoyo a la internacionalización de la empresa española y la contribución al desarrollo de los países receptores[1]. Con la reforma del FAD se trató de dar respuesta estas demandas que urgían separar los intereses exportadores y financieros de las políticas y recursos dedicados a la ayuda al desarrollo. La reforma dio lugar a dos fondos, separados, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), controlado por el Ministerio de Economía, y el FONPRODE, dedicado a la promoción del desarrollo y controlado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

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